La Lay Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer discriminan a los varones al vulnerar el Principio de Igualdad ante la Ley, consagrado en la Constitución, suprimiendo, asimismo, la pretensión de inocencia del acusado, y atenta pues contra los Derechos Humanos constituyendo de esta forma un crimen de Lesa Humanidad por parte del Legislador Español y de los ejecutores de dicha ley.
Cabe recordar, además, que la inmensa mayoría de las denuncias por violencia doméstica son o bien exageradas o bien totalmente falsas siendo instrumentalizadas sistemáticamente por las mujeres y sus abogados/as en los procesos de separación y divorcio, máxime cuando hay hijos/as de por medio cuya guarda y custodia es objeto de pleito entre los progenitores.
Por respeto a la Constitución y a los Principios de Igualdad más sagrados de cualquier país democrático, nuestra conciencia nos exige rechazar semejantes leyes persecutoras del 50% de la población española y responsables de muchas separaciones forzosas entre padres e hijos/as, y desacatar la falsa autoridad de aquellos jueces que las aplican sin el más mínimo escrúpulo, ignorando de esta forma su deber supremo de respetar el imperativo constitucional.
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